Los cambios en la venta de tierras a extranjeros dilatan la ley de propiedad privada de Sturzenegger en el Congreso

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Los cambios en el capítulo de venta de tierras a extranjeros tienen frenada en el Senado la ley de propiedad privada, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Si bien el texto obtuvo dictamen de comisión, ya se suspendió dos veces su tratamiento en el recinto y no alcanzan un acuerdo.
El proyecto estaba en el temario de la sesión del 4 de junio pero el oficialismo mismo pidió aplazar su votación en medio del escándalo por el pliego de la jueza Verónica Michelli. Ese día dijeron que lo dejaban para la próxima semana -es decir esta que pasó- pero no convocaron a sesión. Reconocieron que había una negociación abierta por el capítulo de tierras y que necesitan tener garantizados los votos para evitar un revés.
El proyecto tuvo dictamen de comisión a fines de mayo, con numerosas modificaciones. Entre ellas en el capítulo de tenencia de tierras rurales donde los aliados, que firmaron ese dictamen, están pidiendo retoques. «Ese dictamen no tenía los votos», aclararon.
La Ley actual establece que los extranjeros pueden comprar hasta un 15% de las tierras rurales en todo el territorio nacional. Ese porcentaje también se aplica sobre el territorio de cada provincia y municipio.
Por otra parte, establece que «en ningún caso las personas físicas o jurídicas» de un mismo país podrán superar el treinta por ciento de ese 15% total permitido a extranjeros.
A su vez, un mismo titular extranjero no puede comprar más de mil hectáreas «en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial».
El proyecto en debate elimina todos esos topes. El dictamen discutido en comisión, por su parte, le dio más poder a las provincias al señalar que «cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites».
En ese sentido estipula que para que un sujeto extranjero pueda adquirir tierras rurales, debe mediar una solicitud expresa de la provincia donde se ubican las tierras, además de la autorización del Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto original no contemplaba a las jurisdicciones de las provincias en la toma de la decisión. Quedaba centralizado en el Estado Nacional.
El mismo procedimiento lo fijan tanto para tierras en zonas de fronteras como para estados extranjeros o empresas con capitales estatales.
Sin embargo, estos puntos son los que están en revisión. Buscan puntos de mayor control y hay debates respecto a que las legislaturas provinciales deban sancionar sus propios regímenes de tierras o que haya cuestiones que deban por el Congreso.
Actualmente ninguna provincia supera el 15% de extranjerización. De acuerdo al Registro de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia, actualizado a agosto de 2025, las provincias con mayor cantidad de tierras en manos de extranjeros son Salta (11,3 %), Misiones (11,29 %), San Juan (10,36 %), Mendoza (9,6%) y Santa Cruz (8,11 %).
Sin embargo, más de 30 departamentos sí superan ese tope. Un puñado de ellos, incluso, lo superan en más del 50%: como Campana -que tiene puerto- en Buenos Aires (50,27%); en La Rioja el distrito de General Lamadrid ubicado cerca del Parque Nacional Talampaya (56,7%); el departamento de Lacar en Neuquén (54,17%) y en Salta los departamentos de San Carlos (59,82%) y Molinos (57,79%).
Se estima que como la Ley de Tierras es de 2011, esos distritos ya estaban vendidos a extranjeros en más del 15% para ese entonces.
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